El Consejo de Estado suspendió de manera provisional dos normas que permitían el traslado de recursos hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el marco de la declaratoria nacional por el fenómeno de El Niño. La decisión se fundamentó en que el Ejecutivo no puede modificar el gasto público sin autorización del Congreso o sin decretar un estado de excepción.
El presidente Gustavo Petro reaccionó señalando que la medida estaría influenciada por el escándalo de Angie Rodríguez y sus denuncias contra el Gobierno. En su pronunciamiento, el mandatario cuestionó al magistrado que tomó la decisión y advirtió que la suspensión podría afectar proyectos esenciales de agua potable, alimentación y energía solar, necesarios para enfrentar la megasequía que, según él, se avecina. Petro insistió en que los convenios ya habían definido las entidades responsables de manejar los recursos, descartando que se tratara de transferencias indeterminadas o de contratación directa sin control.
El jefe de Estado también denunció presiones para evitar la declaratoria de emergencia y reiteró la disposición de su gobierno para mitigar los efectos del fenómeno climático. “Dejo constancia en este mensaje de la disposición de mi gobierno para mitigar los peores efectos sobre la vida de la megasequía que vendrá y que ya comienza a configurarse”, expresó. La discusión se mantiene abierta en el ámbito institucional, bajo la presunción de que los procesos deberán resolverse conforme a la ley y a los mecanismos de control previstos.
