La crisis que rodea a Juliana Guerrero, considerada una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, sumó un nuevo capítulo este lunes con su renuncia irrevocable al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC). La decisión se conoce luego de que salieran a la luz denuncias sobre una presunta red de cobros ilegales para facilitar contratos con el Gobierno nacional y tras la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía.
A través de un comunicado firmado por su defensa, Guerrero aseguró que da un paso al costado para concentrarse en su estrategia jurídica y atender los procesos que enfrenta. La exfuncionaria sostuvo que los «señalamientos injustos» en su contra no deben seguir afectando la imagen de la Universidad Popular del Cesar ni del Gobierno nacional, insistiendo en que ejercerá su derecho a demostrar su inocencia ante las autoridades.
La salida de Guerrero representa el fin de su último cargo de representación dentro del Ejecutivo y profundiza la presión política sobre el Gobierno Petro, que ya había enfrentado cuestionamientos por mantenerla en funciones pese a otras investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en sus títulos académicos y denuncias sobre su participación en decisiones de la UPC. Mientras la Fiscalía avanza en las nuevas indagaciones, el caso se convierte en otro foco de controversia para la Casa de Nariño y reaviva el debate sobre los controles en el nombramiento de altos funcionarios.
