En medio de la tormenta política que sacude al país, el nombre de Juliana Guerrero vuelve a estar en el centro del escándalo. La joven, presentada por Gustavo Petro en su gobierno como “activa y rebelde”, hoy es señalada en investigaciones periodísticas de haber participado en una presunta red que gestionaba contratos públicos a cambio de millonarias sumas de dinero. Aunque no existe orden de captura ni fallo judicial en su contra, los testimonios y audios revelados por la revista Semana han encendido la indignación ciudadana.
Según las denuncias, Juliana habría sostenido reuniones con altos funcionarios para impulsar procesos contractuales mientras recibía pagos cercanos a 200 millones de pesos y hasta el 10 % del valor de los contratos adjudicados. Su hermana Verónica, también mencionada, sería la encargada de contactar empresarios interesados en contratar con el Estado. Todo esto, pese a no tener vinculación laboral oficial con el Gobierno, lo que refuerza la percepción de un poder paralelo que operaba entre 2024 y 2026.
Hoy, con Abelardo De La Espriella en la presidencia, la presión social aumenta. En redes y en las calles, muchos colombianos suplican que Juliana Guerrero no sea premiada ni protegida, sino que se investigue a fondo su papel en los presuntos hechos de corrupción. La frase de Petro que la presentaba como “rebelde” se ha convertido en un símbolo incómodo: para algunos, representa la traición de un gobierno que prometió transparencia y terminó envuelto en sombras de presunta corrupción.
