El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad del nombramiento de Verónica Alcocer como embajadora en misión especial ante el Vaticano, propinando un nuevo revés judicial al Gobierno de Gustavo Petro. La alta corporación confirmó que el decreto expedido por el Ejecutivo desconoció el artículo 126 de la Constitución, que prohíbe a los servidores públicos nombrar a su cónyuge o compañero permanente para ejercer funciones públicas.
La decisión ratifica el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que concluyó que la designación de la entonces primera dama carecía de sustento constitucional y, además, cuestionó que el decreto le otorgara facultades amplias y poco definidas para desarrollar actividades en representación del Estado. Durante el proceso, la Procuraduría también sostuvo que el nombramiento infringía la Carta Política, mientras que el Gobierno defendió la legalidad de la misión argumentando que se trataba de un encargo temporal dentro de las competencias presidenciales en materia de relaciones internacionales.
Con esta determinación, el Consejo de Estado dejó sin efectos de manera definitiva la designación de Alcocer ante el Vaticano y reavivó el debate sobre los límites legales de las misiones especiales asignadas a familiares del presidente. El caso, además, cobró relevancia internacional luego de que la decisión judicial fuera mencionada por autoridades estadounidenses en documentos oficiales relacionados con actuaciones institucionales, aunque ese hecho es independiente de la nulidad confirmada por la justicia colombiana.
