La polémica volvió a encenderse en el Congreso: la prima especial de $18 millones regresa a los bolsillos de los legisladores tras la suspensión provisional del decreto que la había eliminado. La decisión fue tomada por el Consejo de Estado, que frenó la medida expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y que buscaba retirar este beneficio a quienes se vincularan al Capitolio a partir del 20 de julio de este año.
Los magistrados argumentaron que el decreto generaba un trato desigual entre funcionarios que ejercen las mismas funciones, lo que, según la alta corte, iba en contra del principio constitucional de “a igual trabajo, igual salario”. La demanda, presentada por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, alegaba que la norma afectaba derechos adquiridos de empleados de la justicia y otras entidades que comparten el mismo régimen salarial fijado por la Ley 4ª de 1992.
La decisión no tardó en generar reacciones políticas y ciudadanas: mientras unos celebran lo que llaman una “conquista laboral”, otros critican que, en medio de la crisis económica, los congresistas vuelvan a recibir una prima millonaria que los aleja aún más de la realidad de la mayoría de colombianos. El debate queda abierto y la medida, aunque provisional, revive la discusión sobre los privilegios de la clase política frente a las necesidades del país.
