El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una acción de tutela que buscaba nuevas verificaciones sobre las elecciones presidenciales de 2026, en las que fue declarado presidente Abelardo De La Espriella. La decisión se dio en el marco de la llamada “tutelatón”, en la que varios ciudadanos pedían medidas adicionales de trazabilidad, custodia y auditoría de los documentos y sistemas electorales.
La corporación concluyó que no se acreditó una vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la participación política o el acceso a la información. En su fallo, el Tribunal recordó que las reclamaciones de los testigos electorales sobre presuntas inconsistencias en los formularios E-14 fueron desistidas, por lo que no existía controversia pendiente ni pruebas que justificaran ordenar un nuevo conteo de votos o auditorías técnicas.
El pronunciamiento también enfatizó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para debatir asuntos relacionados con la custodia de actas electorales o la validez de los resultados, pues la Constitución prevé procedimientos específicos como la nulidad electoral. En ese sentido, el Tribunal reiteró que el acto administrativo expedido por el Consejo Nacional Electoral, que declaró oficialmente la elección presidencial, goza de presunción de legalidad mientras no sea anulado por el juez competente.
