Fuentes consultadas por Semana revelaron la existencia de un plan que, según versiones, presuntamente estaría siendo impulsado desde sectores del actual Gobierno y la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. El objetivo, de acuerdo con dichas informaciones, sería garantizar la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y evitar una eventual extradición del presidente Gustavo Petro bajo la administración entrante de Abelardo De La Espriella. En ese contexto, se menciona la posibilidad de una orden de captura contra el expresidente Álvaro Uribe como mecanismo de presión política.
La citación de Uribe a indagatoria el próximo 24 de julio, por hechos relacionados con las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, coincide con la cercanía de la posesión presidencial de De La Espriella. Aunque se habla de testigos cuya credibilidad ha sido cuestionada en procesos anteriores, la eventual medida judicial generaría un escenario de tensión y pondría al nuevo mandatario frente a una negociación política de alto impacto.
De La Espriella ha reiterado públicamente que no se dejará presionar y que actuará en defensa de la Constitución, incluso frente a solicitudes de extradición que puedan llegar desde Estados Unidos. La Embajada de ese país, según las fuentes, estaría al tanto de los movimientos en curso. En medio de este panorama, la incertidumbre política se mezcla con las expectativas de un relevo presidencial marcado por denuncias de irregularidades en el empalme y por la posibilidad de decisiones judiciales que podrían alterar el tablero político nacional.
