Las revelaciones sobre supuestos acercamientos entre delegados del Gobierno de Gustavo Petro y cabecillas del Clan del Golfo han despertado inquietud más allá de las fronteras colombianas. Según expertos en finanzas criminales, las actuaciones mencionadas en investigaciones periodísticas podrían ser objeto de análisis por parte de autoridades internacionales, en caso de que se comprobara algún favorecimiento a esa organización.
El exdirector de Finanzas Criminales de la Fiscalía, Andrés Jiménez, recordó que la Orden Ejecutiva 14059, firmada en 2021 por el entonces presidente Joe Biden, permite sancionar a quienes contribuyan materialmente a la expansión del narcotráfico. Bajo esa normativa, hipotéticamente, conductas como las descritas en los audios revelados, entre ellas el llamado “juego de congelados”, podrían ser valoradas por instancias estadounidenses dentro de un marco sancionatorio.
Por ahora, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios de los funcionarios mencionados, mientras que en Estados Unidos no existe ninguna decisión oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Cualquier eventual inclusión en la Lista Clinton sigue siendo una posibilidad planteada por analistas y no una determinación confirmada, lo que mantiene este caso en el terreno de la presunción y la expectativa.
