La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión de la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, tras haber emitido un auto en el que ordenaba la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. El organismo disciplinario señaló que la parlamentaria no tenía facultades legales para tomar esa decisión, lo que podría configurar un caso de prevaricato.
Según el fallo, la actuación de Arizabaleta vulneró principios básicos de la democracia al intentar limitar el ejercicio del jefe de Estado sin competencia jurídica. La Procuraduría advirtió que su decisión afectó derechos fundamentales de participación política y abrió investigación disciplinaria para determinar si incurrió en una falta gravísima. La medida la aparta de su cargo hasta el 20 de julio de 2026, fecha en que culmina su periodo legislativo.
El caso ha generado un fuerte debate político, pues se interpreta como un “golpe fallido” contra el presidente Petro en plena coyuntura nacional. Mientras sectores opositores celebran la suspensión como un acto de control institucional, aliados del Pacto Histórico denuncian una persecución política. La Procuraduría, por su parte, insiste en que su intervención busca preservar el debido proceso y evitar que se repitan decisiones contrarias a la ley en el Congreso.
