En un hecho sin precedentes, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio de 2026, justo en la antesala de la segunda vuelta presidencial. La medida, presentada como una “cautelar” por presunta participación en política, ha desatado un terremoto institucional y político, pues nunca antes un mandatario en ejercicio había sido apartado de su cargo por decisión de un solo congresista.
El documento firmado por Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico, establece que Petro debe dejar la Casa de Nariño hasta después de las elecciones, lo que ha generado dudas sobre la validez jurídica de la decisión. Expertos constitucionalistas advierten que la Comisión de Acusación no tiene competencia para suspender al jefe de Estado sin que la sala plena lo apruebe, por lo que se habla de una posible extralimitación de funciones. La polémica se intensifica porque la medida podría interpretarse como un intento de frenar la influencia del presidente en la campaña electoral.
Mientras tanto, sectores de oposición celebran la decisión como un “freno a la participación indebida en política”, y voces cercanas al Gobierno la califican de “golpe institucional disfrazado de medida cautelar”. La incertidumbre crece en el país: ¿se trata de un acto legítimo de control político o de un movimiento desesperado para sacar a Petro del juego electoral? Lo cierto es que la decisión de Arizabaleta abre un nuevo capítulo de tensión en la democracia colombiana, justo en el momento más caliente de la contienda presidencial.
