Hace cuatro meses, el departamento de Córdoba enfrentó uno de los peores desastres naturales de su historia reciente. Un frente frío inundó más de una veintena de municipios y dejó cerca de 220 mil personas damnificadas, desbordando la capacidad de reacción de las autoridades locales. Aunque el presidente Gustavo Petro encabezó un Consejo de Ministros en Montería para definir compromisos de reconstrucción, la inversión proyectada en 3 billones de pesos sigue siendo incierta.
Las ayudas entregadas desde el nivel central se han limitado a subsidios mensuales de 120 mil pesos por integrante de las familias afectadas y kits básicos para el hogar. Sin embargo, la infraestructura vial, educativa y de salud permanece en espera de recursos. Solo para Montería, el plan contempla intervenciones en sectores sociales, vivienda, transporte, infraestructura productiva y gestión del riesgo, con montos que superan los 496 mil millones de pesos. En materia ambiental, la recuperación de 150 mil hectáreas inundadas y ocho ecosistemas estratégicos afectados se calcula en 270 mil millones.
Hoy, municipios como Ayapel, Lorica, Montelíbano, Tierralta y Valencia, entre otros, siguen aguardando el inicio de la fase de reconstrucción. La falta de ejecución ha dejado a miles de familias en la incertidumbre y ha trasladado la responsabilidad al próximo mandatario. El desastre natural se convirtió en un espejo de la fragilidad institucional y de cómo la política nacional puede retrasar la recuperación de territorios golpeados por la emergencia.
