La bomba política estalló en Washington: el fiscal general Todd Blanche confirmó que la Administración Trump no dará tregua y que Raúl Castro, el dictador cubano recién indictado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, deberá rendir cuentas ante la justicia estadounidense. Con palabras contundentes, Blanche aseguró que harán “todo lo posible” para traerlo, incluso por la fuerza, dejando claro que el caso no quedará en la impunidad.
El anuncio sacudió tanto a la comunidad cubanoamericana como a los círculos diplomáticos internacionales. Por primera vez en décadas, un líder del régimen castrista enfrenta cargos directos en Estados Unidos por asesinato de ciudadanos norteamericanos. Los delitos imputados incluyen conspiración para asesinar, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio, con penas que podrían llegar hasta la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Mientras La Habana guarda silencio, en Miami las familias de las víctimas celebran lo que consideran un acto de justicia largamente esperado. La Administración Trump, fiel a su estilo desafiante, ha dejado claro que no habrá negociación ni concesiones: Raúl Castro será llevado ante los tribunales estadounidenses “cueste lo que cueste”. El mensaje es inequívoco: el tiempo de la impunidad terminó y la guachafita se le acabó al dictador cubano.
