El caso de Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano de 26 años fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ha generado preocupación por las condiciones de atención médica y psicológica en estos centros. Según se conoció, el joven fue aislado tras dar positivo para COVID-19 en Misuri y, durante ese tiempo, habría solicitado asistencia psicológica y la posibilidad de comunicarse con su madre, sin obtener respuesta.
La situación fue visibilizada por medios internacionales, que señalaron presuntas falencias en los protocolos de salud y en la atención a migrantes en detención. Entre ellas se mencionan demoras en evaluaciones médicas, dificultades en la comunicación por idioma y cancelación de consultas de salud mental. El caso se enmarca en un contexto más amplio de denuncias sobre muertes y autolesiones en centros de detención migratoria en Estados Unidos.
La noticia también tuvo repercusión política en Colombia. El presidente Gustavo Petro manifestó su rechazo y ordenó a la Cancillería emitir una nota de protesta diplomática ante Washington. El mandatario pidió reflexionar sobre las políticas migratorias y sus efectos en la población latinoamericana, mientras familiares y organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de revisar de manera urgente las condiciones de custodia y atención en estos centros.
