San Antero tiene que despertar. Después de venderle al pueblo la pista atlética como una gran obra de progreso, después de justificar la demora con una acción popular y después de que, según medios regionales, ya no habría obstáculo jurídico para ejecutar el proyecto, la obra sigue sin arrancar. La pregunta es venenosa, pero necesaria: ¿si ya podían construir, ¿por qué no construyen? ¿Dónde están las máquinas, el cronograma, los responsables y las explicaciones sobre los más de $6.000 millones comprometidos en esta obra?
Lo que más indigna es que el contrato no solo estaría quieto: habría sido cedido, como si en San Antero el problema no fuera construir, sino mover papeles, acomodar beneficiarios y cambiar de manos el negocio. Ahí aparece el alcalde Dennys Chica Fuentes, aprobando la “jugada”, y aparece Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, un contratista cuyo nombre ya ha sido mencionado por medios nacionales y regionales en escándalos de contratación pública. Entonces la gente debe preguntar sin miedo: ¿a quiénes les cedieron el contrato?, ¿son amigos?, ¿son aliados?, ¿son fichas de un mismo juego?, ¿esto fue una solución técnica o una maniobra contractual disfrazada?
El nombre de Ghisays no llega limpio a esta historia. El Heraldo registró en 2019 su captura en Montería como supuesto financiador dentro de una red de corrupción en contratos de paz/PDET, caso en el que se mencionaron cargos como concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Y en 2025, La Lengua Caribe volvió a ponerlo en el radar por un contrato cercano a $2.000 millones en San Carlos, Córdoba, a través de una empresa vinculada a un consorcio ganador. ¿Cuántas veces tiene que aparecer el mismo nombre alrededor de contratos cuestionados para que los entes de control miren con lupa lo que está pasando?
Y Dennys Chica tampoco puede posar como espectador inocente. Su administración ya ha sido señalada en medios por operativos e investigaciones sobre presunta corrupción, contratación irregular, bolsas de empleo, posibles sobrecostos y mal manejo de recursos en San Antero. Por eso esta pista atlética ya no parece una simple obra atrasada: parece otro capítulo de la vieja contratitis cordobesa, donde el pueblo pone los impuestos, los contratistas hacen las jugadas, los alcaldes firman los avales y las obras terminan enterradas entre maleza, excusas y silencio. San Antero debe exigir respuestas, pedir intervención de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, y reclamar pacíficamente lo que le pertenece: su obra, su plata y la verdad sobre quién se está quedando con el negocio.
