El Consejo de Estado tomó una decisión que marca un revés para el Gobierno de Gustavo Petro: reactivó de manera provisional las órdenes de captura contra siete cabecillas de reconocidas estructuras criminales, pese a la solicitud oficial de suspenderlas. La medida se fundamentó en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, documentos de la Fiscalía y oficios de la Gobernación de Antioquia, además de un informe periodístico que advertía sobre el riesgo de mantener en libertad a estos jefes delincuenciales.
Entre los nombres incluidos figuran alias Albert, histórico cabecilla de la banda Pachelly; alias Mundo Malo, señalado de desplazamientos forzados y extorsiones en Medellín; alias Naranjo, segundo al mando de Los Triana; y alias Clemente, considerado uno de los hombres más poderosos de La Oficina. También aparecen alias el Abogado, alias Perica y alias el Montañero. Las autoridades locales, como el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, celebraron la decisión al considerar que se trata de un paso para frenar la violencia en los barrios más golpeados por estas estructuras.
La medida cautelar refleja la tensión entre la política de “paz total” impulsada por el Gobierno y las advertencias de las autoridades regionales sobre el riesgo de dejar en libertad a cabecillas con amplio historial criminal. Aunque se trata de una decisión provisional, marca un precedente en el debate nacional sobre cómo enfrentar a las organizaciones delincuenciales y pone de nuevo en el centro de la discusión la necesidad de equilibrar los intentos de negociación con la obligación de garantizar seguridad y justicia en los territorios.
