La tensión entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación escaló tras la negativa del ente acusador de suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La Fiscalía argumentó que no existen aún garantías verificables sobre el proceso de paz y recordó que entre los solicitados figura alias Chiquito Malo, con orden de extradición vigente hacia Estados Unidos.
En respuesta, el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, sostuvo que la Ley 2272 de 2022 establece de manera expresa la suspensión de las órdenes de captura durante el desplazamiento y permanencia en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), sin que la Fiscalía tenga discrecionalidad para decidirlo. Patiño recalcó que la definición de un proceso de paz avanzado y la creación de las ZUT son competencias constitucionales del presidente de la República.
El propio Gustavo Petro reforzó esta postura en un mensaje publicado en la red social X, donde afirmó que “el presidente es el que ordena la política de paz de Colombia” y que las zonas de concentración para la salida de combatientes deben respetarse por mandato presidencial. Con esta declaración, el mandatario dejó claro que la conducción de la paz no depende de la Fiscalía, sino de la voluntad política del Ejecutivo y del respaldo popular que, según él, hará respetar la Constitución.
