La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que el próximo 5 de mayo será imputado Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias de las FARC, por delitos de lesa humanidad como desaparición forzada, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y concierto para delinquir. El anuncio sacudió el panorama político y judicial, pues se trata de uno de los hombres que había sido considerado para escenarios de diálogo con el Gobierno.
Camargo reveló que elevó una solicitud directa al presidente Gustavo Petro para que defina si alias ‘Calarcá’ podrá continuar en las mesas de negociación, pese a estar procesado por crímenes de guerra. La Fiscalía conformó un equipo especial de tareas y coordina la audiencia con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, siguiendo el mismo procedimiento aplicado previamente con integrantes del Frente 33 en el Catatumbo.
La decisión genera un choque de narrativas: mientras el Gobierno insiste en mantener abiertas las puertas del diálogo con las disidencias, la Fiscalía advierte que no puede ignorar los delitos de lesa humanidad. Alias ‘Calarcá’ se convierte así en el epicentro de una polémica que enfrenta la justicia con la política de paz, dejando en manos de Petro la definición de si un señalado criminal de guerra puede seguir sentado en la mesa de negociación.
