Una revelación del New York Times dejó al descubierto un hecho que parece sacado de una novela de corrupción: una mina ilegal de oro operaba a escasos metros, e incluso dentro, de los terrenos del Batallón Rifles en Cáceres, Antioquia. El hallazgo, documentado con drones y testimonios por el reportero gráfico Federico Ríos, mostró maquinaria y actividad minera en una zona que debería estar bajo estricto control militar. La sorpresa fue mayor al confirmarse que la explotación estaría vinculada al Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más poderosos de la región.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó con contundencia y ordenó investigaciones inmediatas para esclarecer cómo una estructura ilegal pudo instalarse en el corazón de una unidad militar sin ser detectada. “No toleraremos ninguna relación entre miembros del sector defensa y las economías criminales”, afirmó, dejando claro que se abrirán procesos internos para determinar responsabilidades. La pregunta que ronda es inevitable: ¿negligencia, complicidad o simple omisión?
Lo cierto es que el caso ha encendido las alarmas sobre los controles internos en las Fuerzas Armadas y la vulnerabilidad de sus instalaciones frente a economías ilegales. Que el ruido de las máquinas proviniera de adentro, como un secreto mal guardado, plantea serias dudas sobre la capacidad institucional para enfrentar la minería ilegal y el poder del Clan del Golfo.
