El caso de Juliana Guerrero, exjefe de gabinete del Ministerio del Interior, sigue generando controversia en el país. Aunque ya no hace parte del Gobierno, se conoció que mantiene un esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, fue uno de los primeros en señalar públicamente que la joven contaría con tres camionetas blindadas y al menos nueve escoltas, “pagados con los impuestos de los colombianos”, lo que desató indignación y fuertes críticas.
Ante estas acusaciones, Augusto Rodríguez, director de la UNP, salió a desmentir la información y calificó como una “exageración enorme”. Explicó que Guerrero recibió medidas de seguridad tras reportar riesgos durante su paso por el Ministerio del Interior y que actualmente su caso se evalúa bajo el trámite ordinario para activistas. Según Rodríguez, la reserva legal impide revelar detalles específicos sobre el número de vehículos o escoltas, pero aseguró que no corresponde a lo que se ha dicho públicamente.
La polémica se intensificó con la aparición de un documento firmado por Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, en el que se autorizaba la protección. Ella reconoció la firma, pero negó haber redactado el texto y anunció acciones legales. La rapidez con la que se otorgó el esquema y las contradicciones entre las versiones oficiales mantienen a Guerrero en el centro del debate, mientras crecen las dudas sobre por qué el Gobierno insiste en protegerla con recursos del Estado.
