El proceso judicial por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha tomado un rumbo inesperado tras la aceptación de un menor de edad, responsable confeso del hecho, como presunta víctima dentro de la misma causa. Según las investigaciones, esta condición se deriva de la presunta instrumentalización y reclutamiento ilícito por parte de estructuras criminales, quienes habrían inducido al adolescente a participar en el plan delictivo. Actualmente, el joven cumple una sanción de siete años mientras el sistema judicial evalúa su doble rol en el expediente.
La Fiscalía General de la Nación sostiene, en su escrito de acusación contra otros implicados como Jhorman David Mora, que el menor habría sido contactado y presuntamente presionado para ejecutar el crimen bajo amenazas contra su núcleo familiar. Este escenario jurídico plantea que, a pesar de su participación directa en los hechos ocurridos en el barrio Modelia, el Estado debe reconocer el contexto de vulnerabilidad y coacción al que habría sido sometido. Esta decisión ha generado un intenso debate técnico sobre el alcance de las garantías para menores en delitos de alto impacto.
Expertos penalistas señalan que este reconocimiento como víctima faculta al menor para intervenir en las audiencias contra los determinadores del magnicidio a través de su representación legal. No obstante, la defensa de la familia de la víctima y otros sectores cuestionan que el autor material comparta estatus procesal con los afectados directos del ataque. Mientras el juicio avanza, la justicia deberá determinar el grado de responsabilidad de los adultos señalados de liderar la «oficina de sicarios» que presuntamente operaba en la localidad de Engativá.
