El productor José Ávilez, ganadero del departamento del Cesar, denunció que en febrero de 2026 cerca de 150 personas intentaron invadir su finca en zona rural de Becerril. Según relató, los ocupantes llegaron en un camión, levantaron cambuches y amenazaron a sus trabajadores, generando momentos de angustia para él y su familia. Con apoyo de la Policía, el Ejército y el gremio ganadero, logró recuperar el predio, aunque debió asumir costos cercanos a los 50 millones de pesos para garantizar el operativo de desalojo.
Ávilez advirtió que detrás de estas ocupaciones no siempre hay familias vulnerables, sino estructuras delincuenciales que convierten la invasión de tierras en un negocio. De hecho, cinco de las siete personas capturadas tenían antecedentes judiciales. Su testimonio coincide con las alertas de Fedegán y otros gremios, que han denunciado el aumento de invasiones ilegales, abigeato y extorsiones en distintas regiones del país, afectando tanto a grandes productores como a pequeños campesinos.
El caso refleja un fenómeno en crecimiento que pone en riesgo la seguridad y la inversión en el campo colombiano. Reportes de la Fiscalía y la Policía muestran un incremento de denuncias por usurpación de tierras en la Costa Caribe entre 2022 y 2024. En este contexto, Ávilez insiste en la necesidad de mayor presencia estatal y garantías para los productores rurales, quienes consideran que la política de Paz Total ha generado un ambiente de permisividad frente a actores ilegales, dejando a la población civil expuesta a la delincuencia.
