La familia de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa, inició un proceso legal contra el Estado colombiano tras su fallecimiento. Según la Procuraduría General de la Nación, la muerte del menor se habría producido por fallas en la atención de la Nueva EPS, entidad que no garantizó la entrega oportuna del medicamento que necesitaba.
Los familiares de Kevin solicitaron inicialmente una reparación superior a los $1.800 millones, aunque en el marco de la conciliación plantearon una posible negociación cercana a los $923 millones. La madre del menor, Yudy Katherine Pico, junto con sus hermanos y su abuela, hacen parte de los once reclamantes que buscan una compensación económica por el impacto que tuvo la pérdida en sus vidas.
Este caso, que involucra entidades como el Ministerio de Salud, el Dapre y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, vuelve a poner en debate la calidad y oportunidad de la atención en el sistema de salud colombiano. La conciliación busca evitar un proceso judicial prolongado y alcanzar un acuerdo que permita una reparación integral a la familia, mientras se discute la responsabilidad estatal en lo ocurrido.
