Alias ‘Calarcá’, jefe disidente del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), vuelve a estar en el centro del escándalo nacional. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo calificó sin rodeos como “un criminal que está delinquiendo” y que “debe ser capturado”. Sin embargo, la orden de captura permanece suspendida bajo el amparo de la Ley 2272, conocida como la política de Paz Total.
Mientras tanto, las revelaciones de la Fiscalía sobre los computadores incautados al cabecilla muestran nexos con miembros del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, dejando al descubierto una red de corrupción y complicidad que sacude a las instituciones.
El ministro Sánchez fue claro: la paz no es una autorización para la ilegalidad. Aun así, la fuerza pública se encuentra atada de manos, pues solo el Gobierno Nacional puede solicitar el levantamiento de la suspensión de la orden de captura. En medio de esta contradicción, alias ‘Calarcá’ sigue operando, liderando una disidencia que, según el propio ministro, “es netamente narcotraficante” y que perdió cualquier ideología.
El caso se complica aún más con los nombres que aparecen en los archivos de ‘Calarcá’, como el del general Juan Miguel Huertas, quien fue suspendido por la Procuraduría pero luego reintegrado al no hallarse pruebas en su contra. Ahora, con nueva información en manos de la Fiscalía, el ministro Sánchez exige claridad sobre Huertas y otros oficiales mencionados.
