En el departamento del Chocó circula una denuncia que ha generado gran preocupación en distintos sectores. De acuerdo con fuentes militares y reportes de organismos de control, se presume la existencia de supuestas prácticas de explotación y trata de menores en algunas vías de acceso a la región. Aunque no hay confirmación oficial sobre los presuntos responsables, las versiones apuntan a dinámicas de violencia que afectan de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afrodescendientes.
La Defensoría del Pueblo ha alertado en varias ocasiones sobre la vulneración de derechos sexuales y reproductivos en zonas de conflicto armado, señalando que mujeres, niñas y adolescentes enfrentan riesgos diferenciados en territorios donde operan grupos ilegales. Estas advertencias se suman a testimonios recogidos por fuentes militares, que describen un panorama de vulnerabilidad y falta de control institucional en las carreteras que conectan a Medellín y Pereira con Quibdó.
Si bien las denuncias aún se encuentran en proceso de verificación, la situación refleja un contexto crítico en el que la pobreza, el aislamiento y la presencia de actores armados ilegales incrementan los riesgos para la niñez y la juventud. Organismos como la Defensoría del Pueblo insisten en la necesidad de fortalecer la protección de las comunidades y garantizar que los derechos fundamentales de los menores sean respetados en todo momento.
