El departamento del Chocó vuelve a ser epicentro de la violencia. Desde la madrugada del 17 de marzo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) inició un paro armado indefinido en la subregión del Bajo Baudó, restringiendo la movilidad fluvial en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa. La medida, anunciada por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, ya mantiene a más de 6.300 personas confinadas, entre comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen de estas vías para su subsistencia.
El grupo armado justificó la acción en medio de los enfrentamientos con el Clan del Golfo, asegurando que busca evitar “accidentes” por la dificultad de identificar embarcaciones civiles de las paramilitares. Sin embargo, en la práctica, el paro bloquea el ingreso de alimentos, atención médica y transporte, profundizando la crisis humanitaria en una de las regiones más vulnerables del país.
La gobernadora Nubia Carolina Córdoba denunció la gravedad de la situación y alertó sobre una escalada de ataques, recordando que un día antes el ELN atacó con drones la estación de Policía de Santa Rita, en Río Iró.
Este nuevo paro armado evidencia el control territorial que mantiene el ELN en corredores estratégicos del Pacífico y llega apenas tres meses después del cruento paro nacional de diciembre, que dejó cinco muertos y múltiples comunidades confinadas.
