Barranquilla vivió momentos de tensión este martes 17 de marzo cuando la Aeronáutica Civil ordenó la evacuación inmediata del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. La medida se tomó tras detectarse una maleta sospechosa en la bodega de la terminal aérea, identificada por perros antiexplosivos, y una alerta de bomba en la torre de control. Pasajeros y trabajadores fueron desalojados mientras las autoridades verificaban la posible presencia de explosivos.
La emergencia obligó a suspender al menos cinco vuelos nacionales e internacionales, dejando a cientos de viajeros en la pista y en zonas externas del aeropuerto. La Policía y unidades especializadas en explosivos desplegaron un operativo de seguridad para descartar riesgos, mientras el senador Mauricio Gómez Amín denunció públicamente que la situación refleja el nivel crítico de inseguridad que atraviesa el país.
El hecho reaviva el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad aérea y ciudadana, en un contexto marcado por crecientes denuncias de violencia y amenazas en distintas regiones. La crisis en Barranquilla no solo paralizó la operación aérea, sino que también expuso la vulnerabilidad de las instituciones frente a posibles actos terroristas, generando alarma nacional y cuestionamientos sobre la respuesta oficial.
