El caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue escalando y ahora involucra nuevas revelaciones. María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, declaró que el congresista Wadith Manzur habría mencionado el cobro de “deudas” del Gobierno con el Congreso, en medio de disputas relacionadas con contratos. Estas afirmaciones hacen parte del extenso expediente de la Corte Suprema de Justicia, que investiga posibles irregularidades en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Según el documento judicial, Manzur y otros congresistas estarían vinculados a maniobras para influir en decisiones financieras y contractuales de la UNGRD. La Corte ordenó la captura de Manzur y de la congresista Karen Manrique, señalando que podrían representar un riesgo para la comunidad mientras avanza el proceso. No obstante, el alto tribunal ha reiterado que se trata de una investigación en curso y que aún no existe condena definitiva, por lo que se mantiene la presunción de inocencia.
Las pruebas incluyen conversaciones en las que se mencionan compromisos previos y presuntas presiones para cumplir acuerdos. Aunque el caso aún está en etapa de instrucción, las revelaciones de Benavides han desatado indignación pública y alimentan la percepción de que las irregularidades en la UNGRD no serían hechos aislados, sino parte de una práctica sostenida. El país observa con atención cómo se desarrolla este proceso, que ya pone en entredicho la transparencia del Congreso y la gestión de recursos públicos.
