El cierre de campaña del Pacto Histórico en la Plaza de Bolívar, Bogotá, quedó marcado por la polémica. El candidato Daniel Briceño denunció que el evento habría sido financiado con $478 millones en efectivo, lo que contravendría el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, que obliga a que todos los recursos de campaña se manejen a través de una cuenta bancaria única. Según Briceño, resulta “muy llamativo tener tanta plata en bolsas”, insinuando posibles irregularidades en la financiación del acto político.
La representante María Fernanda Carrascal salió al paso de las acusaciones y aseguró que no se utilizaron recursos públicos, sino que la campaña se financia con un préstamo privado. Según ella, el pago se realizó mediante cheque desde la cuenta oficial, con total trazabilidad y auditoría, desmintiendo la versión de un desembolso en efectivo. Carrascal calificó los señalamientos como infundados y pidió no difundir acusaciones sin pruebas.
El cruce de versiones ha reavivado el debate sobre la transparencia en la financiación de campañas en Colombia. Mientras algunos opositores insisten en que el pago en efectivo constituye una violación a la ley electoral, el Pacto Histórico defiende la legalidad de sus movimientos financieros. En plena recta final de los comicios, el caso se convierte en un nuevo capítulo de controversia política que pone bajo la lupa la manera en que los partidos administran sus recursos.
