La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó un revés significativo a la política económica del presidente Donald Trump al determinar, por seis votos contra tres, que la imposición unilateral de aranceles globales bajo una ley de emergencia excedió la autoridad otorgada por el Congreso. En la opinión mayoritaria, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, el alto tribunal sostuvo que el mandatario no puede atribuirse facultades “ilimitadas” en monto, duración y alcance sin una autorización legislativa clara. La decisión concluye que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no habilita al Ejecutivo a establecer aranceles de manera generalizada, subrayando los límites constitucionales entre los poderes del Estado.
El fallo representa la resolución más relevante sobre la economía estadounidense que el tribunal ha abordado en los últimos años y marca la primera revisión a fondo de una política central de la segunda administración Trump. La mayoría estuvo integrada por Roberts, las juezas liberales y los magistrados conservadores Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, mientras que Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh votaron en disidencia. Aunque el tribunal invalidó el mecanismo utilizado para fijar los gravámenes, que habían generado más de 134.000 millones de dólares en ingresos, según datos oficiales, no se pronunció sobre el destino de esos fondos, cuestión que probablemente continuará en litigio en instancias inferiores.
Desde la Casa Blanca, Trump calificó la decisión como “decepcionante” y cuestionó a los jueces que votaron en su contra, incluidos dos designados durante su primer mandato. El mandatario defendió que los aranceles fortalecen la economía nacional, mientras que empresas importadoras y algunos legisladores republicanos habían advertido que la medida implicaba una expansión extraordinaria del poder presidencial sin supervisión del Congreso. La sentencia no impide que el Ejecutivo recurra a otras disposiciones legales que contemplan aranceles bajo condiciones específicas y plazos definidos, por lo que el debate sobre el alcance de la autoridad comercial del presidente y sus efectos económicos seguirá abierto en el escenario político y judicial estadounidense.
