El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica al insistir en su tesis de un posible fraude electoral en Colombia. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que cada partido debería contar con al menos 60.000 testigos electorales “entrenados” para impugnar mesas de votación, advirtiendo que el preconteo realizado por la empresa ASD, filial de Thomas Greg and Sons, ha estado marcado por irregularidades en procesos anteriores.
Petro recordó que el Consejo de Estado, en fallo de Sala Plena, evidenció anomalías en las elecciones de Senado de 2014 y que la misma empresa fue señalada en las consultas presidenciales y legislativas de 2022, así como en comicios en Honduras. Según el mandatario, el software de preconteo debería ser estatal y auditado por expertos independientes, pues de lo contrario los resultados podrían ser manipulados en las oficinas de la compañía.
El jefe de Estado subrayó que el preconteo “no es legal ni en Colombia ni en buena parte del mundo” y denunció que desde 2014 se ha desacatado la orden de implementar un sistema propio del Estado. Sus declaraciones, en pleno ambiente preelectoral, reavivan el debate sobre la transparencia del proceso y ponen sobre la mesa la exigencia de vigilancia masiva en las urnas para garantizar la legitimidad de los resultados en las elecciones de 2026.
