A menos de seis meses de dejar el poder, Gustavo Petro se despide con un país polarizado y con reformas que han generado tanto respaldo como rechazo. Su insistencia en decretos como el del salario mínimo vital, pese a la suspensión del Consejo de Estado, y su propuesta de declarar emergencia económica en Córdoba, han sido interpretadas por la oposición como un intento de gobernar por encima de las leyes.
En este escenario aparece Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y uno de los hombres más cercanos a Petro, quien busca ser su sucesor en la Casa de Nariño. Cepeda ha presentado un programa de gobierno centrado en tres ejes: lucha contra la corrupción, equidad social y protección ambiental. Ha prometido “cambios de fondo” y no reformas “cosméticas”, ratificando que su proyecto es la consolidación del progresismo iniciado por Petro.
Sin embargo, sus detractores lo cuestionan por su cercanía con las FARC en el pasado y por su discurso de continuidad, lo que genera dudas sobre si realmente representa un nuevo rumbo o simplemente la prolongación del actual gobierno del Pacto Histórico.
Mientras tanto, Colombia enfrenta una crisis en el sistema de salud que se agudizó en 2026: déficit financiero histórico de más de 15 billones de pesos, barreras de acceso y denuncias de pacientes que no reciben medicamentos.
Exministros han advertido que las decisiones del Gobierno Petro agravaron la desfinanciación y el deterioro del servicio. En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿necesita Colombia un sucesor que profundice el mismo camino o un giro que atienda las urgencias sociales y económicas? Cepeda promete continuidad con transformaciones estructurales, pero la realidad del país exige respuestas inmediatas a problemas como la salud, la inflación y la corrupción.
