En el occidente de Medellín se construye lo que sería la primera cárcel del país bajo un modelo de alianza entre el sector público y privado. La obra es impulsada por la Alcaldía que lidera Federico Gutiérrez y, según lo informado, tendría capacidad para 1.339 personas en calidad de sindicadas, es decir, ciudadanos que presuntamente aún no han sido condenados. El proyecto, que apenas rondaría el 9 % de avance, incluiría seis pabellones de 250 cupos cada uno y un espacio adicional para adultos mayores o personas con alguna discapacidad. De acuerdo con lo anunciado, la entrega se proyectaría para finales de 2027.
La iniciativa, según ha explicado el mandatario, se financiaría inicialmente con recursos privados por cerca de 675.000 millones de pesos, que presuntamente se pagarían en cuotas anuales entre 2027 y 2038. El modelo, que algunos comparan con esquemas aplicados en otros países e incluso con políticas promovidas por Nayib Bukele en el El Salvador, buscaría reforzar el orden, el control y la disciplina. También se ha dicho que contaría con tecnología de última generación para, supuestamente, evitar delitos como la extorsión desde el interior de los centros de reclusión. No obstante, la vigilancia no estaría a cargo del Inpec, sino que dependería de un esquema privado pendiente de reglamentación oficial.
El proyecto surge en medio de un panorama complejo de hacinamiento en estaciones de policía de la ciudad, donde, según cifras oficiales del año pasado, la sobreocupación superaría el 100 % en varios puntos. La administración sostiene que esta cárcel ayudaría a descongestionar esos espacios, mejorar la operatividad policial y, presuntamente, garantizar derechos humanos bajo un modelo de reinserción social. Además, se habla de generación de empleo e inversiones ambientales en la zona. Como en todo proyecto de esta magnitud, su impacto real solo podrá evaluarse cuando entre en funcionamiento y se conozcan sus resultados.
