El presidente Gustavo Petro confirmó en la Plaza de Bolívar que su Gobierno expedirá un nuevo decreto para el salario mínimo de 2026, manteniendo el incremento del 23,7% fijado en diciembre de 2025. La decisión se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto inicial, lo que generó un fuerte pulso entre el Ejecutivo y la justicia. Petro defendió la medida asegurando que no se trata de “pelear por unas monedas”, sino de garantizar una remuneración vital para los trabajadores colombianos.
El mandatario criticó duramente al alto tribunal por tumbar el único decreto en 35 años que incluía el concepto de “salario vital”, como lo ordena la Constitución. Según sus cálculos, el aumento hasta los $2.000.000 busca acercarse al costo de la canasta mínima vital, estimada en más de $3.000.000. Petro insistió en que su Gobierno cumplió con la orden judicial, pero sin retroceder en el porcentaje de ajuste, que considera indispensable para la dignidad de los hogares colombianos.
Las manifestaciones convocadas por el propio presidente en Bogotá y otras ciudades reflejaron el respaldo ciudadano a la medida, aunque también evidenciaron la tensión institucional que atraviesa su administración. Petro advirtió que sus reformas sociales han enfrentado un “cerco” del Legislativo y el Judicial, lo que ha frenado avances en salud y pensiones. Con el nuevo decreto, el jefe de Estado busca blindar el ingreso de millones de trabajadores, mientras el país debate si el aumento histórico es sostenible o un choque directo contra las instituciones.
