La política colombiana entra en un terreno de máxima tensión con el inicio de la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa respaldada por el presidente Gustavo Petro y anunciada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. El proceso, avalado por la Registraduría, exige reunir al menos 2.069.760 firmas válidas, equivalentes al 5 % del censo electoral, antes del próximo 6 de agosto, justo cuando termina el mandato de Petro.
El Gobierno defiende la Constituyente como un mecanismo para impulsar transformaciones institucionales que el Congreso y las Cortes han bloqueado. Petro ha insistido en que el “poder constituyente” es la vía para superar la resistencia a sus reformas, y aunque ya no sería presidente cuando se instale una eventual Asamblea, ha manifestado su interés en participar como ciudadano.
La iniciativa ha encendido el debate nacional: ¿se trata de un ejercicio legítimo de participación ciudadana o de un movimiento político para reescribir las reglas del juego en favor del actual Gobierno? Mientras los promotores celebran el arranque de la campaña de firmas, opositores advierten que la Constituyente podría convertirse en un arma de polarización y un factor de incertidumbre institucional en un país que ya enfrenta una profunda crisis de confianza en su sistema político.
