En Canalete, uno de los municipios más pobres y golpeados por las recientes inundaciones, la necesidad es tan evidente como el agua que arrasó con hogares y cultivos. Familias enteras esperan un gesto de solidaridad que alivie el hambre y la angustia, pero se encontraron con una barrera inesperada: la propia alcaldía. La decisión de la alcaldesa Yeis Lenis Simanca Morales de impedir que el gremio ganadero de Córdoba, Ganacor entregara directamente las ayudas a los afectados ha generado indignación y preguntas que aún no tienen respuesta.
Según versiones, la alcaldesa habría exigido que los insumos fueran entregados primero a la administración municipal, para luego distribuirlos bajo su nombre. En un territorio donde la gente lo ha perdido todo, la burocracia y los intereses políticos parecen imponerse sobre la urgencia de la necesidad. Y mientras tanto, los damnificados siguen esperando con las manos vacías, mirando cómo la ayuda se detiene en escritorios y no llega a las calles inundadas.
La actitud de la mandataria ha desatado críticas en redes y en la comunidad: unos la acusan de querer protagonismo en medio de la tragedia, otros defienden que la institucionalidad debe coordinar la entrega. Lo cierto es que, en medio del dolor, la gente de Canalete no necesita discursos ni sellos oficiales, necesita comida, techo y dignidad. Y ahí está la pregunta que retumba: ¿qué pesa más, la política o la vida de quienes lo han perdido todo?
