Tras la caída de los dos puentes que conectaban a San Juan de Urabá con zonas vecinas de Córdoba, la comunidad se ha visto obligada a recurrir al trasbordo en lancha para poder movilizarse. La emergencia vial ha dejado incomunicadas a cientos de familias y ha convertido el río en la única vía de paso para quienes necesitan llegar a sus destinos.
El improvisado servicio de transporte fluvial, lejos de ser un alivio, ha generado preocupación entre los habitantes. Algunos lancheros cobran hasta 10 mil pesos por cada traslado, aprovechando la urgencia y la necesidad de quienes deben cruzar entre el Urabá antioqueño y Córdoba. La situación ha despertado críticas por lo que muchos consideran un abuso económico en medio de la crisis.
Mientras las autoridades evalúan soluciones para restablecer la conectividad, la comunidad exige medidas urgentes que garanticen un transporte digno y seguro. El colapso de los puentes no solo evidenció la fragilidad de la infraestructura, sino también la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la especulación en tiempos de emergencia. El caso se ha convertido en un llamado a la solidaridad y a la acción institucional para evitar que la necesidad se convierta en negocio.
