La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el exalcalde de Cereté, José Antonio “Joche” García Ordóñez, y los exfuncionarios Jorge Luis Madrid Novoa y Juan Carlos García Calume, por el delito de peculado por apropiación, en aplicación del artículo 397 de la Ley 599 de 2000. En el caso del exmandatario, también se le había imputado contrato sin cumplimiento de requisitos legales (artículo 410), pero la Corte declaró la prescripción de este último cargo y redujo su pena de 78 a 72 meses de prisión.
El proceso se originó en un convenio educativo firmado en 2003 por un valor de 500 millones de pesos entre el municipio de Cereté y la Asociación de Municipios del San Jorge, representada por Madrid Novoa. Dicho contrato fue liquidado el 9 de octubre de ese mismo año, pese a que las obras estaban inconclusas, con la aprobación del entonces tesorero municipal, Juan Carlos García Calume. La Fiscalía acreditó un perjuicio patrimonial superior a 101 millones de pesos, lo que configuró la responsabilidad penal de los tres procesados.
Durante la casación, las defensas alegaron errores de derecho y de hecho en la valoración de informes de Policía Judicial de 2004 y 2006, señalando que no constituían pruebas válidas y que no se les dio oportunidad de objetarlos. Sin embargo, la Corte aclaró que dichos documentos fueron tratados como informes técnicos bajo los artículos 263 y 265 de la Ley 600 de 2000, y que sí existió la posibilidad de controvertirlos, aunque no se hizo uso de ella. Además, incluso si se excluyeran esos informes, la responsabilidad se mantiene, pues otros documentos oficiales demostraron que el convenio se liquidó sin ejecución equivalente al 21,47%.
En consecuencia, en las próximas horas el juez de ejecución de penas de Montería podría expedir las órdenes de captura contra los tres exfuncionarios, quienes cumplirían una condena intramural de seis años y dos meses, sin derecho a casa por cárcel por tratarse de peculado. Asimismo, deberán pagar solidariamente la suma de $101.173.836 y quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el mismo período. Cabe resaltar que Juan Carlos García Calume es primo de la exsenadora Nora García y del exalcalde de Montería Marcos Daniel Pineda, lo que añade un matiz de interés público a un caso que, tras casi dos décadas de trámite judicial, cierra uno de los episodios más relevantes de contratación cuestionada en la región.
