Bajo el sistema judicial de los Estados Unidos, los cargos que enfrenta Nicolás Maduro por narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico conllevan penas sumamente severas. De producirse un arresto y un posterior veredicto de culpabilidad, el mandatario venezolano podría ser sentenciado a un mínimo de 50 años y hasta cadena perpetua. Expertos legales sugieren que, dada la acumulación de delitos imputados, una condena de al menos 70 años es un escenario jurídicamente viable en las cortes federales.
Es fundamental precisar que, a día de hoy, 23 de enero de 2026, estas penas se mantienen en el terreno de lo proyectado, ya que sobre Maduro prevalece la presunción de inocencia. Para que una sentencia de esta magnitud se haga efectiva, el señalado debería ser extraditado y sometido a un debido proceso en una corte de Nueva York, situación que hasta el momento no ha ocurrido, pues continúa ejerciendo el poder en territorio venezolano.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha estructurado su caso basándose en investigaciones que vinculan presuntamente a la alta cúpula venezolana con estructuras del narcotráfico internacional. Por esta razón, el Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Esta cifra refleja la gravedad de los delitos por los cuales se le busca procesar y la intención de las autoridades de asegurar una comparecencia física ante un juez.
Finalmente, aunque el horizonte judicial para Maduro parece apuntar a una reclusión de por vida, la realidad procesal sigue estancada en la fase de acusación. Mientras no exista una captura oficial, los 70 años de prisión mencionados son la pena máxima probable dentro de un marco legal que no contempla beneficios de reducción para delitos de narcoterrorismo. El caso sigue siendo uno de los expedientes más pesados y complejos en la historia reciente de la justicia estadounidense.
