La figura de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz designado por el Gobierno, vuelve a estar en el ojo del huracán. Un Tribunal de Justicia y Paz emitió una sentencia condenatoria en su contra por 117 hechos criminales cometidos en La Guajira entre 2002 y 2006, según la Fiscalía.
Aunque se trata de una decisión judicial, la polémica se centra en que, pese a la condena de 40 años, la Ley de Justicia y Paz le otorga beneficios que reducen su pena a ocho años, siempre bajo el compromiso de reparación y no reincidencia.
El caso ha generado fuertes reacciones, especialmente porque Mancuso fue recibido en Colombia como gestor de paz tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Para las víctimas del paramilitarismo, el hecho de verlo estrechar la mano del presidente Gustavo Petro fue interpretado como una afrenta a su lucha por justicia y reparación.
De acuerdo con la Fiscalía, los hombres bajo el mando de Mancuso y un grupo denominado “Frente Contrainsurgencia Wayúu” habrían incurrido en homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia basada en género contra poblaciones indígenas. Aunque la sentencia es clara en atribuirle responsabilidad penal, la discusión pública se mueve entre quienes consideran que su papel como gestor de paz es una oportunidad para la reconciliación y quienes lo ven como un símbolo de impunidad.
