El Gobierno Nacional ha advertido que emprenderá acciones jurídicas contra los gobernadores que se nieguen a aplicar los decretos de la emergencia económica, expedidos tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. La tensión es evidente: mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de nuevos tributos para sostener las finanzas públicas, los mandatarios regionales alegan que los decretos son inconstitucionales y buscan mecanismos legales para frenarlos.
Uno de los puntos más controversiales es el incremento del IVA a los licores, que pasaría del 5 % al 19 %. Los gobernadores denuncian que el recaudo adicional no beneficiaría a las regiones, sino exclusivamente a la Nación, lo que consideran un golpe directo a la autonomía territorial y a sus presupuestos. Ante esto, varios mandatarios evalúan aplicar la excepción de inconstitucionalidad mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo.
La disputa abre un debate mayor: ¿hasta dónde puede llegar el Gobierno en nombre de la “emergencia económica” y qué límites deben imponerse para evitar que se convierta en un mecanismo de imposición fiscal sin control democrático?
