Colombia arranca el 2026 con la misma pesadilla de siempre: la inseguridad desbordada y los grupos armados mandando en las regiones. El Frente de Guerra Nororiental del ELN confirmó con total cinismo que tiene en su poder a cinco patrulleros de la Policía Nacional, raptados en la vía Cúcuta-Tibú. Este hecho deja claro que en este país ni los uniformados están a salvo, pues fueron bajados de un transporte público como si nada, demostrando que el Estado perdió el control de las carreteras.
Los agentes Daniel Granada, Ramón Coronel, Edwin Manosalva, José Camillo y Carlos Barrera se encontraban de civil y desarmados cuando cayeron en lo que parece una «pesca milagrosa» de los insurgentes. El grupo criminal se atrevió a decir en un comunicado que les brindarán un «trato digno», mientras acusan a la Policía de proteger a bandas paramilitares para justificar su accionar delictivo. Es el mismo discurso de siempre para esconder un crimen que atenta contra la humanidad y que tiene a cinco familias viviendo un calvario.
La respuesta del Gobierno ha sido ofrecer una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los uniformados. Sin embargo, el país siente que estas medidas son «paños de agua tibia» ante una crisis de seguridad que no da tregua en el Catatumbo. El ELN ya advirtió que la liberación de los patrulleros dependerá de los movimientos que haga el Ejército en la zona, usando la vida de los agentes como una moneda de cambio en sus juegos de guerra.
Con estos cinco secuestros, ya son nueve los uniformados que permanecen en cautiverio en manos de grupos ilegales bajo este nuevo año que prometía paz, pero solo ha traído violencia. La indignación crece en las redes sociales, donde los ciudadanos exigen resultados reales y no más comunicados de rechazo que no frenan las balas ni los raptos.
