En agosto de 2010, Venezuela fue sacudida por la muerte de Franklin Brito, un productor agropecuario y biólogo que se convirtió en símbolo de resistencia frente al poder estatal. Tras la expropiación de sus tierras en el estado Bolívar, Brito inició una serie de huelgas de hambre para exigir respeto a la ley y la devolución de lo que había construido con años de trabajo. Su protesta lo llevó de un peso inicial de más de 100 kilos a apenas 30, hasta que falleció el 30 de agosto de 2010 en el Hospital Militar de Caracas.
El caso Brito desnudó la tensión entre el derecho a la propiedad privada y las políticas de expropiación impulsadas por el gobierno de Hugo Chávez. Brito fue sacado a la fuerza de la sede de la OEA y recluido contra su voluntad, mientras el régimen lo descalificaba públicamente. Testimonios de la época relatan cómo su cuerpo se fue marchitando en medio de la indiferencia oficial, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el despojo y la arbitrariedad estatal.
Hoy, tras la captura de Nicolás Maduro, el recuerdo de Franklin Brito vuelve a la conversación pública. Su historia plantea una pregunta inevitable: ¿se habría podido evitar su muerte si las instituciones hubieran garantizado sus derechos? Para muchos, su sacrificio marcó el inicio de la destrucción del campo venezolano y la advertencia de que el socialismo del siglo XXI podía convertirse en un sistema de control totalitario.
A más de una década de aquel desenlace, Brito sigue siendo recordado como “el rey de la patilla” en su pueblo natal y como un héroe civil que no se arrodilló ante el poder. Su legado es un recordatorio de que defender la propiedad privada es defender la vida misma, y que la dignidad de un hombre puede convertirse en bandera de lucha contra la opresión.
