El presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza a la orden judicial que envió a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD. El mandatario, visiblemente inconforme, aseguró que este proceso no es aislado y lo comparó con otros casos en los que, según él, la justicia se ha usado con fines políticos.
Durante su intervención, Petro habló de un “lawfare de hecho” y recalcó que su Gobierno resistirá hasta el último día en defensa del pueblo y del Estado Social de Derecho. Sus palabras reflejaron la tensión que se vive en el país, donde las decisiones judiciales contra figuras cercanas al Ejecutivo han generado un ambiente de debate y polarización.
El presidente insistió en que detrás de estas medidas hay sectores de poder que no aceptarían otros cuatro años de progresismo y que estarían movidos por intereses económicos ligados a la contratación pública. Con este pronunciamiento, Petro volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la relación entre política y justicia, dejando claro que su postura será de confrontación frente a lo que considera un ataque a su proyecto de Gobierno.
