El Gobierno colombiano sorprendió con una jugada financiera que no pasó desapercibida: el presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda, autorizó la emisión de bonos internacionales por 6.000 millones de dólares, equivalentes a más de 23 billones de pesos. La operación se realizó en diciembre de 2025 y se convirtió en la más grande en la historia reciente del país, despertando tanto aplausos como críticas por el impacto que tendrá en las finanzas públicas.
La transacción se llevó a cabo en medio de un ambiente de tensión económica, marcado por la necesidad de cubrir gastos y garantizar liquidez para el próximo año. Según el Gobierno, el objetivo es asegurar recursos para mantener la estabilidad fiscal y cumplir con compromisos internos, mientras que sectores de oposición cuestionan la transparencia y el costo de la deuda, señalando que podría convertirse en una carga difícil de manejar.
El debate se encendió porque, más allá de los números, la emisión refleja la realidad de un país que busca sostenerse en medio de presiones económicas y políticas. Para unos, es una medida necesaria para evitar un colapso financiero; para otros, una señal de crisis que deja en evidencia la fragilidad de las cuentas nacionales. Lo cierto es que la decisión ya está tomada y sus efectos se sentirán en los bolsillos de los colombianos durante los próximos años.
