La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes vinculados al escándalo del contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.
Las propiedades, cuyo valor supera los 65.900 millones de pesos, incluyen predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a los polémicos empresarios Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, junto con algunos de sus familiares.
El ente acusador señaló que estas medidas buscan recuperar parte del patrimonio presuntamente obtenido de manera irregular en el contrato que pretendía llevar internet a zonas apartadas del país, pero que terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. La Fiscalía aseguró que los bienes serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza el proceso judicial.
La sorpresa del anuncio fue la inclusión de un inmueble perteneciente a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, quien renunció en 2021 tras la polémica por el anticipo de 70.000 millones de pesos entregados a Centros Poblados sin garantías suficientes. Aunque la exfuncionaria ha insistido en que fue víctima del entramado, la medida cautelar vuelve a poner su nombre en el centro del escándalo.
Este nuevo capítulo del caso reaviva la indignación ciudadana frente a la corrupción en los contratos públicos y la falta de control institucional. Para muchos, el congelamiento de bienes es apenas un primer paso en la tarea de recuperar los recursos perdidos y sancionar a los responsables de un fraude que dejó sin conectividad a miles de niños en las regiones más vulnerables del país.
