La justicia salvadoreña dictó una de las sentencias más duras en la historia reciente contra la Mara Salvatrucha (MS-13), al condenar a 248 de sus miembros a penas que alcanzan hasta los 1.335 años de prisión. El macrojuicio, realizado bajo el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde 2022, procesó a integrantes de la clica TLS por delitos como homicidio agravado, desapariciones, extorsión y terrorismo.
Entre las condenas más severas, un pandillero recibió una pena de 1.335 años de cárcel, mientras otros diez fueron sentenciados a entre 463 y 958 años de prisión. Según la Fiscalía, los crímenes cometidos entre 2014 y 2022 incluyen el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de múltiples casos de extorsión a comerciantes, invasión de viviendas y tráfico de drogas. Las víctimas eran obligadas a pagar sumas de dinero para evitar atentados contra sus vidas, lo que llevó a varios negocios a cerrar por miedo a las amenazas.
El fallo se enmarca en la llamada “guerra contra las pandillas” que ha caracterizado el gobierno de Bukele, quien ha defendido el régimen de excepción como una herramienta para recuperar el control territorial y reducir la violencia. Desde su implementación, más de 90.000 personas han sido detenidas sin orden judicial, lo que ha generado críticas de organismos internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos.
Con estas condenas, la justicia salvadoreña busca enviar un mensaje de “cero tolerancia” frente a las estructuras criminales que durante décadas han sembrado terror en comunidades enteras. Sin embargo, el debate continúa abierto entre quienes celebran las penas ejemplares como un triunfo contra el crimen organizado y quienes advierten que el endurecimiento judicial y el régimen de excepción podrían tener consecuencias graves para el Estado de derecho en el país.
