El exministro del Interior Luis Fernando Velasco sorprendió con una defensa que puso al presidente Gustavo Petro en el centro del debate. Velasco aseguró que “todos los acuerdos políticos con el Congreso fueron consultados con el señor Presidente”, negando haber recibido órdenes ilegales y pidiendo enfrentar el proceso en libertad. La afirmación, más que blindarlo, abrió interrogantes sobre la responsabilidad política de Petro en las decisiones de su gabinete.
El caso se inscribe en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías, donde la Fiscalía sostiene que se direccionaron contratos por más de 600 mil millones de pesos para asegurar mayorías parlamentarias en favor de las reformas sociales del gobierno.
Según la acusación, Velasco habría sido una de las cabezas de este entramado, junto con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ambos enviados a prisión preventiva por el Tribunal Superior de Bogotá.
La estrategia de defensa de Velasco buscó desligarlo de cualquier responsabilidad penal, pero al recalcar que nada se hizo sin instrucción del presidente, terminó señalando indirectamente a Petro.
Analistas consideran que esta postura, más que protegerlo, expone al mandatario a cuestionamientos sobre el alcance de su rol en las negociaciones políticas. La tensión entre la necesidad de gobernabilidad y los límites legales de la negociación se convierte así en el eje del debate. Mientras la Fiscalía insiste en que se trató de un plan criminal para manipular recursos públicos, el exministro se aferra a la narrativa de la legalidad y la transparencia, dejando en el aire una pregunta incómoda: ¿defendió su inocencia o terminó culpando ingenuamente al presidente?
