En una movida que sacudió la política nacional, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió archivar 16 investigaciones que estaban abiertas contra el presidente Gustavo Petro. La sesión, convocada de manera dejó claro que el futuro de esos procesos se resolvería en cuestión de horas y no de semanas, generando un ambiente de tensión dentro y fuera del Congreso.
La reunión fue liderada por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión y miembro del Pacto Histórico, junto a la vicepresidenta María Eugenia Lopera, del Partido Liberal. En el orden del día se excluyó a varios congresistas críticos del Gobierno, como Hernán Cadavid y Katherine Miranda, lo que levantó suspicacias sobre la imparcialidad de la decisión. El representante Alirio Uribe, cercano al presidente, jugó un papel clave al solicitar el archivo de los expedientes, reforzando la idea de que el oficialismo cerró filas en torno al mandatario.
Entre los procesos archivados figuraban denuncias por supuestos hechos ocurridos en viajes diplomáticos y cuestionamientos sobre los topes de campaña del Pacto Histórico. Aunque la Comisión dio por terminados estos expedientes, el debate sigue vivo: ¿se trató de un acto de justicia o de un blindaje político?
