El contratista Emilio José Tapia, recordado por su papel en el escándalo de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá, recuperó la libertad este martes en Barranquilla. La decisión fue tomada por la jueza Claribel Onisa Fernández Castellón, del juzgado de ejecución de penas, quien le concedió libertad condicional tras reconocerle más de 90 meses de prisión cumplida. El fallo exige que Tapia firme un nuevo acta de compromiso y cumpla un periodo de prueba de 27 meses, lo que ha generado un fuerte debate en la opinión pública.
La polémica no es nueva: la misma jueza ya había ordenado su salida de prisión en abril de 2025, argumentando buen comportamiento y cumplimiento parcial de la condena. Esa medida fue revocada semanas después, lo que llevó a su recaptura en octubre en una clínica de Barranquilla. Ahora, con este nuevo beneficio judicial, Tapia vuelve a estar en libertad pese a las tres condenas que acumula por delitos de corrupción y el desvío de más de 70.000 millones de pesos del contrato de conectividad rural con el MinTic.
El caso pone nuevamente bajo la lupa a la justicia colombiana, pues la Comisión de Disciplina Judicial investiga a la jueza Fernández Castellón por presuntas irregularidades en las decisiones que favorecieron al contratista. Para muchos ciudadanos, este episodio refleja el vaivén judicial que ha marcado el proceso de Tapia y reaviva la indignación frente a la impunidad en los grandes escándalos de corrupción.
