En medio de crecientes cuestionamientos por presuntos favorecimientos a círculos cercanos al poder, salió a la luz un contrato de arrendamiento del Banco Agrario por 3.669 millones de pesos a 10 años, prorrogable hasta por 7 mil millones, otorgado a Centum Business S.A., empresa administrada por Inalca Colombia S.A.S.. Lo llamativo es que ambas compañías están vinculadas a la familia Alcocer: Juan Carlos Alcocer, hermano de Verónica Alcocer, funge como representante legal de Inalca y presidente de Centum, mientras que María Teresa Alcocer, también hermana de la primera dama, es la accionista mayoritaria de Praga Inmobiliarios S.A., con el 37% de participación en Centum.
El contrato se concretó tras el traslado de una sucursal del Banco Agrario, antes ubicada en la calle 100 con carrera 17, hacia el edificio donde las empresas de los Alcocer tienen sede y alquilan pisos. Este movimiento ha generado suspicacias sobre posibles conflictos de interés, aunque hasta el momento no existe pronunciamiento judicial que confirme irregularidades. La Procuraduría y entes de control han recibido solicitudes para investigar si hubo ventajas indebidas en la adjudicación.
A esto se suma que Praga Inmobiliarios y FEMA habrían solicitado créditos por 8 mil millones de pesos al mismo Banco Agrario, lo que amplía el espectro de dudas sobre la relación entre las empresas de la familia Alcocer y la entidad financiera estatal. Aunque las solicitudes de crédito son legales en sí mismas, el hecho de que se concentren en compañías con vínculos familiares directos con la primera dama genera debate público sobre transparencia y ética institucional.
El caso, aún en investigación, abre interrogantes sobre lo que podría suceder en los próximos meses: ¿se confirmarán irregularidades o se tratará de operaciones dentro de la legalidad? Lo cierto es que la narrativa de presunta corrupción se fortalece en un gobierno que ya enfrenta múltiples señalamientos.
